Le gouvernement colombien se lance dans un développement massif de plantation de palmiers à huile, de canne à sucre et d’autres monocultures, au détriment des forêts tropicales humides, de la biodiversité de ses prairies et des communautés locales. La monoculture de canne à sucre est en train de se développer dans la vallée du Cauca, tandis que des centaines de milliers d’hectares sont transformés en plantations de palmiers à huile dans les régions du pacifique, des plaines de l’Est et des Caraïbes.
Le développement du palmier à huile va de pair avec la destruction à grande échelle des forêts tropicales humides et s’accompagne de graves violences et de violations des Droits Humains. En Colombie, des ONG internationales ont consigné 113 meurtres ainsi que des expulsions dans les bassins des rivières Curvaradó et Jiguamiandó (région de Chocó) menées par des paramilitaires qui travaillent avec les entreprises palmicultrices, en vue de s’emparer des terres qui appartiennent légalement aux communautés afro-colombiennes. [1] De nombreuses ONG ont documenté ces exactions et ont condamné ces violations des Droits Humains [2].

1 Protéger les Droits Humains des communautés indigènes, afro-colombiennes et paysannes affectées par les monocultures à grande échelle.
2 Restituer immédiatement les terres ancestrales aux communautés afro-colombiennes et aux peuples indigènes touchés par les monocultures (telles que les communautés afro-colombiennes de Curvaradó et de Jiguamiandó touchées par les plantations de palmiers) et demander au gouvernement d’appliquer la convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail et l’Ordre de Mesures Provisionnelles de la Cour Interaméricaine des Droits Humains en faveur des "zones humanitaires" de Curvaradó et de Jiguamiandó.
3 Arrêter les futures déforestations et l’exploitation des plantations de palmiers à grande échelle dans les bassins fluviaux de Curvaradó et de Jiguamiandó et ailleurs en Colombie.
4 Garantir la réparation complète des dommages environnementaux et humains causés par la mise en place des monocultures à grande échelle et par les violations Droits Humains par les Forces Colombiennes.
5 Reconnaître et respecter les initiatives civiles locales, comme la création récente des Zones de Biodiversité.
6 Revoir la politique des agrocarburants en Colombie et les impacts des monocultures à grande échelle sur les communautés, les Droits Humains et l’environnement, y compris les impacts de la destruction des forêts tropicales humides sur le changement climatique. Imposer un moratoire immédiat sur le développement des agrocarburants provenant de monocultures à grande échelle, comme les palmiers à huile. [3]
Estimados señores,
Estoy profundamente preocupado(a) por el programa de expansión de cultivos de palma aceitera y de especies destinadas a la producción de biocombustibles, y en especial por la expansión de plantaciones de palma africana relacionada con la destrucción masiva de unas de las selvas más biodiversas en el mundo, de las biodiversidad de las praderas naturales y de las tierras agrarias utilizadas por las comunidades locales para su sobrevivencia y su soberanía alimentaria. La producción de aceite de palma para biocombustible está también vinculada a graves violaciones de derechos humanos. A través de este correo, quiero brindar mi apoyo personal a la amplia protesta contra la promoción de biocombustibles por parte del Gobierno de Colombia, a costa de la destrucción de la selva húmeda y del sufrimiento de las comunidades rurales. Lo que buscamos es promover la concientización sobre este fenómeno y generar cambios positivos al nivel social y ecológico.
La organización colombiana Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y ONG internacionales, entre las cuales Christian Aid, Amnistía Internacional, varias iglesias de Estados Unidas, y Ecologistas en Acción, han documentado 113 asesinatos ocurridos en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, a mano de paramilitares que trabajan con las empresas palmicultoras para usurpar la tierra que pertenece legalmente a las comunidades afrodescendientes. Los grupos paramilitares opera n con el apoyo de la Brigada 17 del Ejército, y son responsables de 13 desplazamientos forzados. Recientemente, las comunidades afrodescendientes que han retornado en su territorio y que han conformado Zonas Humanitarias para vivir y Zonas de Biodiversidad para proteger el medioambiente, han sido amenazadas de muerte repetidamente por el grupo paramilitar "Águilas Negras".
Las selvas del Chocó que están siendo destruidas por la expansión de plantaciones de palma de aceite, constituyen unas de las últimas importantes selvas húmedas de tierra baja que quedan en el mundo, y es de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta. De 7,000 a 8,000 especies viven en estos ecosistemas, incluyendo 2,000 especies de plantas endémicas y 100 especies de pájaros también endémicas. Aún antes de la expansión de los cultivos de palma aceitera, 66% de esta selva había sido destruida. Colombia y el resto del mundo dependen de la protección de estas selvas que son esenciales para regular el clima global y regional, el ciclo del agua regional y la sobrevivencia de miles de especies. Las comunidades locales, incluyendo las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, buscan proteger tanto la biodiversidad de los ecosistemas como su modo de vida y su soberanía alimentaria, amenazados por las empresas palmicultoras y por las violaciones de derechos humanos relacionadas a la expansión de estos cultivos y perpetradas por paramilitares y por la Fuerza Pública.
Quisiera solicitarle de manera urgente que :
proteja los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes, campesinas y de los pueblos indígenas afectados por las plantaciones de monocultivos a gran escala ;
garantice de inmediato el retorno de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas afectados por las plantaciones de monocultivos, como las comunidades afrodescendientes del Curvaradó afectadas por las plantaciones de palma aceitera ; para eso se solicita al Gobierno que implemente el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo y las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las Zonas Humanitarias de Refugio del Curvaradó y del Jiguamiandó ;
detenga la deforestación y la explotación a gran escala de plantaciones de palma de aceite en la cuenca del río Curvaradó y en otras partes en Colombia ;
garantice la reparación integral por los daños ambientales y humanos generados por la imposición de monocultivos de gran escala y por las violaciones de derechos humanos perpetradas por la Fuerza Pública ;
reconozca y respete las iniciativas civiles dirigidas a proteger el medio ambiente, tales como la creación reciente de las Zonas de Biodiversidad ;
Si la política gubernamental de “biocombustibles” pretende desarrollar de manera sostenible su país y buscar soluciones al cambio climático, no está realizado ninguno de estos propósitos cuando acaba con las selvas húmedas y desplaza sus habitantes. Para obtener la sostenibilidad ecológica y la justicia social, es imprescindible que el gobierno revise su política de “biocombustibles”, y el impacto de los monocultivos extensivos sobre las comunidades, sus derechos humanos y sobre el medio ambiente, incluyendo los impactos de la destrucción de las selvas húmedas sobre el cambio climático. El gobierno debe prohibir el desarrollo de “biocombustibles” a partir de monocultivos de gran escala, incluyendo a partir de palma aceitera.
Atentamente,
Signature :
Francisco Santos, Vice-presidente de la Republica (Vice President) E-mail : fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Andrés Felipe Arias Leyva, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ) E-mail : quejas@minagricultura.gov.co
Juan Lozano Ramírez, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Minister de l’Environment, du Logement et du Développement) E-mail : correspondencia@minambiente.gov.co
Fernando Araújo Perdomo, Ministro de Asuntos Exteriores (Minister des Affaires Etrangères) E-mail : cancilleria@cancilleria.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo (Ombudsman / Conciliateur) E-mai l : secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación (Avocat Général) E-mail : contacto@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación (Procureur Général) E-mail : cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co
[1] Informations sur la situation générale : Les groupes paramilitaires opèrent avec l’appui de la 17ième brigade de l’armée colombienne et sont responsables de 13 déplacements forcés ( dont un déplacement en raison des combats entre les paramilitaires et la guérilla des FARC). La stratégie paramilitaire menée en complicité avec l’armée colombienne a conduit à des blocus économiques, des meurtres sélectifs, des massacres et des tortures.
Récemment, les communautés Afro-Colombiennes qui sont retournées sur leur terre pour vivre dans des "zones humanitaires" et pour promouvoir la Zone de Biodiversité nouvellement mise en place, ont reçu à plusieurs reprises des menaces de mort provenant du groupe paramilitaire "Aguilas Negras" (Aigles noirs). Malgré le caractère illégal des plantations de palmiers à huile (le procureur général et le médiateur le reconnaissent), malgré le fort impact sur l’environnement et la destruction de vies humaines, le gouvernement colombien n’a toujours pas pris de mesures efficaces pour empêcher cette situation ou pour rendre leur terre aux communautés afro-colombiennes. Pourtant, en 2000, le gouvernement a reconnu par la résolution 02809, la propriété collective du Curvaradó de 46084 ha, et, par la résolution 02801, la propriété collective du Jiguamiandó de 54973 ha. Selon le rapport de l’Institut Colombien pour le Développement Rural (INCODER) publié en mars 2005, 93% des plantations de palmiers sont sur des terres pour lesquelles les communautés ont des titres collectifs de propriété.
En raison de la gravité de cette situation, la commission interaméricaine des droits de l’homme a recommandé, en 2002, des mesures de précaution pour les zones humanitaires. En raison des violations des Droits Humains persistantes, la Cour interaméricaine Droits Humains a ordonné des mesures prévisionnelles en faveur du Conseil de la communauté de Jiguamandió et des familles de Curvaradó, déclarant qu’une protection spéciale devait être accordée aux dénommées " zones humanitaires ". Dans le préambule de cet ordre, la cour a déclaré : "Depuis 2001, l’ entreprise Urapalma S.A. a commencé la culture de palmiers à huile sur environ 1500 hectares de terres collectives appartenant à ces communautés avec l’ aide de "la protection militaire de la 17ième brigade de l’armée et de civils armés travaillant dans leurs entreprises et les banques de semence". La cour a aussi déclaré que, "dans ces circonstances, la culture du palmier africain et les exploitations des ressources naturelles sur le territoire des communautés mettent en danger les vies et la survie de ces familles". ( Cour interaméricaine des Droits Humains, ordre de mesures provisionnelles , 6 / 05/ 2006, page 2).
Le développement des monocultures pour produire des agrocarburants, principalement l’agrodiesel, menace les vies, les moyens d’existence et les terres des communautés afro-colombiennes, des communautés de paysans et du peuple indigène, non seulement au Chocó, mais ailleurs, au Tumaco, à Magdalena Medio, à Vichada, à Meta et dans les régions amazoniennes. Des projets d’agrocarburants sont déjà mis en place dans les départements de Cesar, Atlantico, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Bolivar, Antioquia, Caqueta, Meta, Cundinamarca, Casnara, Narino et Cauca. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 200 000 personnes sont déplacées chaque année en Colombie, totalisant quelque 2 millions de personnes sur les 20 dernière années - le second taux de déplacement le plus élevé du monde – les expropriations des terres dépassant 6 millions d’hectares. La cause première de nombreux déplacements forcés concerne des fonciers et la campagne de développement des monocultures et autres agro-industries.
Avec plus de 300 000 hectares, la Colombie est le quatrième plus gros producteur mondial d’huile de palme. Le gouvernement essaye de porter ces plantations à 1 million d’hectares pendant les quatre prochaines années. Selon les ONG colombiennes Grupo Semillas, ILSA et ACVC, ce chiffre serait plus près de 2 millions d’ hectares. La Colombie est le second pays du monde pour la biodiversité avec 10 % de toutes les espèces mondiales connues, dont 30% ne se retrouvent nulle part ailleurs. La Colombie détruit déjà chaque année 200 000 à 300 000 hectares de forêts et le développement des agrocarburants accélérera sûrement cette destruction.
Les forêts tropicales humides du Chocó, détruites par le développement de l’huile de palme, sont, parmi les forêts du monde, celles qui contiennent le plus de biodiversité. 7000 à 8000 espèces y vivent, dont 2000 espèces de plantes endémiques et 100 espèces d’oiseaux endémiques. Même avant le développement actuel de l’huile de palme et des agrocarburants, 66% ont été détruits.
Comme le dit un membre de CENSAT Agua Viva (Amis de la Terre Colombie) : « Avec ces projets de production d’agrodiesel, les entreprises palmicultrices et les promoteurs de ces entreprises ont maintenant de nouvelles raisons de continuer de s’agrandir. Mais l’histoire des plantations est douloureuse. Elle sest tachée par le sang et les larmes des communautés afro-colombiennes et paysannes du Pacifique, de Magdalena Medio et des Caraïbes colombiennes. C’est l’histoire silencieuse des forêts qui disparaissent pour devenir des plantations. C’est l’histoire des cultures ancestrales qui deviennent les prolétariats du palmier à huile. Ces voix demandent à grands cris d’arrêter la destruction planifiée par les promoteurs des agrocarburants" ( http://americas.irc-online.org/am/3962).
[2] Inter-Church Commission of Justice and Peace, Comisión Colombiana de Jusristas, Colectivo de Abogados ‘Jose Alvear Restrepo’, Fundacion Manuel Cepeda, Movimiento Nacional de Victimas de Crimenes de Estado (toutes de Colombie), Christian Aid (Royaume Uni), CCFD (France), Ecologistas en Accion (Espagne), PACS (Canada), WOLA, US-Office on Colombia, Presbyterian Peace Fellowship, Presbyterian Church, Franciscan Province of the Sacred Heart, Witness for Peace, Lutheran World Relief (toutes des USA), Centro E. Balducci (Italie), Comunidad Mapuche Juan Paillalef (Chili), Movimiento Sem Terra (Brazil), Madres de la Plaza de Mayo-Linea Fundadora (Argentine), Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Argentine), SICSAL (International), World Rainforest Movement, Comision Etica contra la Tortura (Chili), Federacion de Asociaciones de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos (Espagne), Red CAPICUA (Espagne).
[3] Cette alerte email est soutenue par la Commission Inter-écclésiale de Justice et Paix) (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz) en Colombie, une organisation qui a soutenu activement les communautés locales de Curvaradó et de Jiguamiandó. A un séminaire sur “Global Crisis, Human Rights and Agrofuels” à Bogota en Aout 2007, des représentants d’organisations internationales ont visité la Zone Humanitaire et de Biodiversité de Curvaradó et ils ont exprimé leur fort soutien aux communautés locales contre le développement de l’huile de palme qui menace leurs moyens d’existence, leur souveraineté alimentaire et leur environnement. Ces organisations comprenaient : FSPI-La Via Campesina (Indonesia), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)- La Via Campesina (république dominicaine ), BASE Investigaciones Sociales (Paraguay), Centro de Analisis Social, Informacion y Formacion Popular (Mexico), Biofuelwatch (Royaume Uni ), World Rainforest Movement, Ecologistas en Accion (Espagne), Amazon Watch (USA), and Rainforest Action Network (USA).